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Boletín de noticias 14 de febrero de 2012
EL TIEMPO
EN 40 AÑOS, LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN SÓLO HA CASTIGADO A UNA PERSONA
El único castigado por esta célula del Congreso ha sido el general Gustavo Rojas Pinilla.
De todos los procesos que ha abierto la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, responsable de procesar al Presidente de la República, al Fiscal General y a los magistrados de las altas cortes, solo uno ha terminado en condena: el del general Gustavo Rojas Pinilla.
El descrédito que ha venido acumulando desde 1970, cuando fue instituida (aunque la función del Congreso de investigar y juzgar a altos dignatarios tuvo origen en la Constitución de 1886), es tan grande que muchos la llaman 'comisión de absoluciones'.
Esta percepción fue recogida por el Tribunal Superior de Bogotá, que en su ratificación de la condena al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia pidió la intervención de la Corte Penal Internacional para evitar una posible "impunidad" del expresidente Belisario Betancur, absuelto tres veces por la Comisión.
Aunque el Gobierno respondió que la solicitud "deslegitima el sistema de administración de justicia", la estadística evidencia la falta de efectividad de este organismo.
Desde 1972 (no hay contabilidad de procesos anteriores), la Comisión de Investigación y Acusación ha abierto 3.058 procesos, de los cuales archivó 1.765 y tiene vigentes 1.293.
En los últimos 40 años, solo un caso pasó del Senado a la Corte Suprema y solo dos más lograron llegar hasta a la plenaria de la Cámara.
El primero fue el del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957), a quien el Congreso declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero 7 años después fue absuelto de los cargos y se le restituyeron sus derechos civiles y políticos. Los otros dos hacen referencia al proceso 8.000 contra el expresidente Ernesto Samper, a quien absolvió la Cámara en pleno, y el exministro Humberto Salcedo, quien en esa misma instancia se libró de la acusación por irregularidades como servidor público.
El exsenador Darío Martínez, uno de los creadores del reglamento del Congreso con el que funciona la Comisión, asegura que el fondo del problema es que un órgano político tenga facultades judiciales. "La función judicial en el Congreso es inapropiada, porque no es parte de esa rama ni la formación del congresista es para administrar justicia".
Para él, la solución está en que "la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado sea responsabilidad de un nuevo órgano -carente de origen político- integrado por miembros de elevadas calidades jurídicas, intelectuales y morales, que garanticen total independencia y transparencia".
La Comisión la conforman 15 representantes, elegidos de acuerdo con el número de curules que alcancen sus partidos en el Congreso y no se exige ningún requisito especial para estar en ella. "Ni siquiera hay que ser abogado", comenta Horacio Serpa, que la integró por 8 años.
4 meses paralizados al año
Sus funciones están definidas en la Ley 5a. de 1992, lo cual, de entrada, entorpece su funcionamiento. Al regirse por el reglamento del Congreso, solo puede reunirse cuando esté en sesiones ordinarias: desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio. De modo que está en receso 4 de los 12 meses del año.
Y a esto se suma, dice Gonzalo Pinzón, secretario general de la Comisión, que las personas bajo esta jurisdicción "tienen más instancias (6) que los demás ciudadanos".
El exsenador Héctor Elí Rojas cree que existe una gran confusión sobre el alcance de la Comisión. "La gente cree que el Congreso investiga y juzga delitos a la manera que lo hacen los jueces y los fiscales", pero eso "no es así". El Legislativo solo puede imponer una sanción política (declarar indigno a un funcionario), mas no procesar a nadie.
En todo caso, la Comisión de Investigación y Acusación es claramente inoperante y en la reforma de la justicia no se toca a fondo su funcionamiento, por lo que, según sus mismos integrantes, seguirá desprestigiada ante el país.
Seis pasos
1. La denuncia, se entrega a un representante investigador.
2. Este lleva el proceso al pleno de la Comisión.
3. El caso pasa a la plenaria de la Cámara.
4. Luego va a una comisión instructora del Senado.
5. De ahí pasa al pleno del Senado.
6. El Senado le pide a la Corte Suprema que investigue.
Un caso curioso
Samay Eliu Campuzano denuncia desde 1999 a varios funcionarios, asegurando que él es un "fiscal detective del Estado nombrado por Dios".
PRESIDENTE DEL CONGRESO PLANTEA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA EN COLOMBIA
Juan Manuel Corzo aseguró que "al país lo tiene reventado la delincuencia".
En un planteamiento del que dijo podría ser "anticonservador", el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, aseguró que la legalización "es buen camino", siempre y cuando se discuta a nivel internacional.
"Es un buen camino internacionalmente; aquellos que tengan problemas de droga, los ciudadanos de cualquier país, deben ser tratados como enfermos y deben ser tratados para suministrarles o recuperar esas personas, pero no nos pueden dejar solos en esa lucha", precisó Corzo.
El Presidente del Congreso agregó que a Colombia "la dejaron sola" en la lucha contra las drogas, haciendo referencia al anuncio de Estados Unidos de recortar cerca del 15 por ciento de la ayuda que envía para el Plan Colombia.
"El tema de la droga tiene que llegar a los escenarios internacionales (...), sobre si se legaliza la droga o si se le ayuda a los países donde se produce la y genera tanta delincuencia, o los consumidores también se meten a mirar cómo combaten semejante flagelo, pero no nos pueden dejar solos", afirmó Corzo.
Sobre esta situación, Corzo aseguró que "al país lo tiene reventado la delincuencia hoy en día. (...) Esos grupos armados y la delincuencia están tocando la sociedad colombiana y la estabilidad de las familias y de la economía".
"Es muy doloroso porque a Colombia la dejaron sola, y así suene anticonservador a Colombia la dejaron sola con el tema de las drogas", puntualizó Corzo.
DURO REGAÑO A LOS ALCALDES POR NO AVANZAR EN VIVIENDA PARA DESPLAZADOS
'Los planes no se cumplen', señalaron el Gobierno y la Corte Constitucional este lunes.
Un fuerte regaño les dieron ayer el Gobierno y la Corte Constitucional a los alcaldes del país por las demoras en poner en marcha planes de vivienda para los desplazados.
En una audiencia pública para escuchar los reportes del Gobierno sobre la atención a la población desplazada, el magistrado Nilson Pinilla dijo que "entre los grandes fraudes que se siguen presentando a la Carta Política de 1991 es el del campo de la vivienda digna".
De esa forma, Pinilla reaccionó a las denuncias que hizo la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, quien en el informe a la Corte aseguró que no hay compromisos de los alcaldes para cumplir con los planes de vivienda para esta población.
"Bogotá, por ejemplo, tiene 75.000 familias desplazadas, pero en el 2011, la administración distrital solo presentó un proyecto para atender a 864 hogares. Y Medellín, que tiene 47.000 familias en esta situación, presentó un proyecto que beneficiará tan solo a 100 hogares", afirmó Uribe.
Este problema se repite en todo el país, agregó. Según cifras de esa cartera, el 63 por ciento del total de desplazados carece hoy de vivienda digna.
Incluso, en este momento, el Gobierno busca que los alcaldes pongan en marcha planes para 118.000 desplazados. Los programas están estancados a pesar de que los recursos existen.
Uribe les pidió a los mandatarios "asumir sus responsabilidades" y presentar sus proyectos de vivienda, y garantizó que, según el presupuesto, tendrán los recursos y la asistencia técnica necesaria.
El magistrado Pinilla calificó lo dicho por Uribe como "una acusación grave".
La Ministra de Vivienda señaló en su intervención que, en el 2011, el Fondo Nacional de Vivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, realizó tres convocatorias para la recepción de planes de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario para población en situación de desplazamiento.
Como resultado de estas convocatorias, se recibieren 241 proyectos, de los cuales 100 cuentan con evaluación de prefactibilidad para 23.000 soluciones de vivienda.
La Corte, igualmente, destacó que la administración del presidente Juan Manuel Santos "entendió" que la orden dada por este tribunal en la tutela a favor de los desplazados "no tenía nada que ver con políticas asistencialistas, como lo interpretó el anterior gobierno".
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte, se adelanta el censo de las comunidades negras y mestizas de Curvaradó y de Jiguamiandó.
Además fueron citados por la Corte los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; del Interior, Germán Vargas, y de Educación, María Fernanda Campo, y el director de Planeación, Mauricio Santa María.
ORDENAN INVESTIGACIÓN POR SUPUESTOS FALSOS DESPLAZADOS DE 'LAS PAVAS'
El caso tiene que ver con la entrega, al parecer irregular, de auxilios a falsa población desplazada
La Procuraduría ordenó abrir indagación preliminar contra funcionarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Bolívar (antes Acción Social) y del Incoder en el mismo departamento.
El caso tiene que ver con la entrega, al parecer irregular, de auxilios, ayudas o subsidios de vivienda y alojamiento a quienes se dice integraban la falsa población desplazada de la hacienda Las Pavas.
La decisión fue motivada por informe rendido por la agencia especial constituida para vigilar y hacer seguimiento a la investigación penal adelantada por la Fiscalía en el caso de Las Pavas, por los hechos ocurridos desde el desalojo llevado a cabo por un inspector de policía en el municipio de El Peñón, Bolívar, en julio de 2009.
La polémica de Las Pavas se desató después de que un fiscal de Cartagena determinara que en esa región se detectaron falsas víctimas de desplazamiento, e incluso puso en duda que se hubiera dado presión de paramilitares para que los campesinos abandonaran la zona.
El primero de diciembre del año pasado la fiscal Viviane Morales se basó en la investigación de Miriam Martínez Palomino, una fiscal de Bolívar, para señalar que el desplazamiento de 123 familias de la hacienda Las Pavas nunca existió y que en los hechos participaron supuestas falsas víctimas y ONG que intentaron lucrarse con la restitución.
También se acogió al testimonio de Pedro Moreno Redondo quien en el año 2009 denunció el desplazamiento y el 15 de junio de este año se retractó y aseguró que todo había sido una farsa.
Sin embargo, se ha conocido que en el 2003 sí existió una denuncia ante la Personería del Peñón, cuando los miembros de la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (Asocab) señalaron que habían sido víctimas de desplazamiento de Las Pavas por parte del Bloque Central Bolívar de las Auc.
CASI $13 BILLONES, HUECO DE LA SALUD
La falta de regulación de precios de los medicamentos fue el principal desangre del sistema. En el Fosyga hubo un desastre informático.
La Federación Médica Colombiana (FMC) viene adelantando por su cuenta investigaciones para conocer el origen de la crisis de la salud y halló en la liberación de precios de medicamentos uno de los huecos que desangraron el sistema. Llevan ocho años haciendo seguimiento al recobro por medicina de alto costo, encontrando que entre 2008 y 2010 se generaron reclamos al Fosyga por casi $6 billones y que Colombia ha pagado más por medicamentos que otros países. Su labor no ha sido fácil, pues para acceder a la información han tenido que acudir a las tutelas para obligar al Fosyga y al Ministerio de Protección a entregar los datos.
Hoy, cuando el Gobierno intenta retomar las riendas del control de precios, se empieza a desnudar el conflicto de intereses detrás del negocio de los medicamentos. Ejemplo de esa guerra se vive en la discusión por la regulación de los biotecnológicos: mientras el Gobierno quiere abrir las puertas para buscar mejores precios, en el debate han terciado organizaciones de médicos y pacientes que han criticado la medida. La razón: sus posibles lazos con las farmacéuticas, que quieren mantener cerrado el mercado nacional, como lo ha denunciado El Espectador.
Sergio Isaza Villa, presidente de la FMC, habló sobre los líos que han llevado al sector salud a la crisis.
¿Cuál es la magnitud de la crisis de la salud en los últimos años?
Es un monstruo grande. Es la mayor defraudación al Estado y a los colombianos, que supera los $13 billones. Según datos oficiales, sólo por recobro de medicamentos, entre 2008 y 2010 la defraudación alcanza casi $6 billones. Si a esto se le suma la deuda con la red pública y privada de hospitales, que son casi $7 billones, vemos que la cifra va en aumento. Sin embargo, podría ser más grande, debido a que el Fosyga no ha entregado la información completa y depurada, y la ha dilatado.
¿Habla de un desastre informático en el Fosyga?
A través de tutelas logramos que la Corte le ordenara entregarnos la información de recobros, pero encontramos que nos enviaron pura basura. El Fosyga reconoció que su base de datos de recobros no coincide con los documentos físicos que entregaron las EPS. Hay una incertidumbre total, porque realmente no se tiene claro cuánto dinero se perdió del sistema de salud. Se calcula que son casi $14 billones, pero podría ser más. Se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo. El Gobierno debe declarar la “emergencia informática”, porque no sabemos a qué atenernos frente al manejo de los dineros del Fosyga.
¿Qué más encontraron en medio del desorden del Fosyga?
Un desgreño y pagos que no tienen razón de ser. Casos como grandes diferencias en el cobro de dos EPS por un mismo medicamento. Además, que muchas recobraron procedimientos que estaban en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Por ejemplo, por factores antihemofílicos sólo en 2009 reclamaron casi $15 mil millones y si sumamos otros años, podría ser de casi $50 mil millones. Queremos que esa plata se recupere.
¿Dónde quedó la plata desviada?
Eso se lo tienen que preguntar a los intermediadores del sistema. La salud ha manejado casi $40 billones anualmente y pese a que un gran porcentaje es de destinación específica, durante 18 años las EPS han usado estos dineros como recursos privados para engordar su capital, pagar impuestos, hacer hoteles, canchas de golf, patrocinar equipos de fútbol, para exportar capital. Ahí está la plata. Ahora las EPS deben demostrar sus estados de cuentas y en lo que se ha visto, las cifras que han presentado son mínimas frente al desfalco que existe. Son 18 años de robo continuado.
¿La deben devolver?
Quién la va a devolver, si en la ley de seguridad social no está previsto qué se debe hacer cuando algo así ocurra. Hubo permisividad y falta de vigilancia. Dos profesores de Harvard, que fueron los asesores para la reforma a la salud, dijeron hace poco que en Colombia les dieron tal libertad a las EPS, que alcanzaron poder político y económico difícil de controlar.
¿Los medicamentos más caros de la región los paga Colombia?
Los precios nacionales son casi cinco veces más que el precio internacional. ¿Por qué no regulan esos precios? Ahora intentan presentar ese control y esperamos que sea eficaz, para poner freno al desangre por la vía de recobros. Consideramos que las medidas deben ser fuertes, pero un régimen de control de precios sería mejor.
El medicamento Rituximab fue uno de los más recobrados, pero ahora está en el POS. ¿cuál será el beneficio?
Ahora que las EPS lo tienen que pagar, ya no lo van a comprar a cualquier precio. Antes se lo recobraban al Fosyga y no les importaba. Se presentaron casos en que una entidad cobraba el medicamento a 700 mil pesos y otra a casi $3 millones. Ahora no se presentará eso.
¿Qué responsabilidad tendría el exministro Diego Palacio?
La Comisión de Precios de Medicamentos la integran un delegado del presidente de la República, el ministro de Protección y el ministro de Comercio. Ellos eran los encargados de los precios y sobre ellos debería recaer la responsabilidad del problema.
¿Por qué liberaron los precios de los medicamentos?
Ahí es donde uno cuestiona cuál es la política farmacéutica del Gobierno. Queremos saber si ya existe el documento Conpes de política farmacéutica. El país enfrenta un gran problema y ahora se agudiza con el debate de los medicamentos biotecnológicos, que en caso de no reglamentar una política que beneficie al paciente y decida ceder a las presiones de los productores, podría ser otro atentado contra la economía del sistema.
¿Qué buscan los productores de biotecnológicos?
Quieren que el Gobierno permita que el primero que llegue al país con el medicamento sea el único que lo pueda vender. Lo que pasa es que hay otros países que han diseñado compuestos muy competitivos por precio. Lo que se viene es una guerra comercial muy importante en el mundo.
¿Ustedes como FMC insisten en que el Estado retome el control de precios?
Cuando existían las EPS públicas, regulaban los precios. Al acabarlas, los precios de los medicamentos se dispararon. Las IPS privadas buscan rentabilidad y el paciente pasa a segundo plano. En el tema del recobro de medicamentos con libertad de precios encontraron una posibilidad de ser rentables. Es por esto que en el país se debe diseñar una política de contención de costos.
¿Cree que las reformas planteadas pueden servir?
Es muy difícil. Se sabe que van a cerrar muchas EPS, ¿y la plata que deben? ¿Quién va a resolver ese dinero? Dudamos que vaya a mejorar, porque ahora buscan que el manejo que las EPS le dan al dinero de la salud lo controle la Superintendencia Financiera y no la Supersalud. Esto confirma que la seguridad social la están viendo como negocios y llegará un momento en el que el dinero de la salud lo van a manejar los banqueros.
¿Cómo salvar el sistema?
Mientras el sistema esté estructurado sobre el lucro sin control suficiente, esto no sirve. Se debe estructurar uno donde el eje sea el paciente y con la garantía de hacer real el derecho a la salud. El sistema puede funcionar con una red mixta, pero el control debe ser completamente estatal y con vigilancia de la ciudadanía.
Caso Roche
Una de las medidas que tomó el Gobierno en la pasada emergencia social para la autorregulación de precios de medicamentos fue la de las llamadas listas de importaciones paralelas, en las que se autorizaba a cualquiera a importar ciertos medicamentos para buscar un mejor precio. Esto hizo que los laboratorios los bajaran hasta un 40%.
En 2010 se registró un caso puntual con ocho productos de la multinacional Roche, que entre 2008 y 2010 representaron recobros por casi $800 mil millones. Al conocer que esos productos eran más baratos en otros países, los incluyeron como importaciones paralelas. Curiosamente, tres semanas después el ministro Diego Palacio echó para atrás la decisión, argumentando que el laboratorio había rebajado sus precios y que la compra se debía hacer con el distribuidor. Este caso es investigado por la FMC, que le pidió al Minsalud el precio pactado con Roche, que se ha mantenido en reserva. Hace poco, la Corte Constitucional falló a favor de la FMC una tutela en la que obliga al ministerio a dar los datos.
“¿Cuál es el juego de poderes? Es mucha plata la que se maneja. Tenemos que hacer el llamado a los organismos de control y cuestionar el papel que cumple el Ministerio de Comercio en el control de precios internacionales y la correlación de precios que se manejan en Colombia y en otros países”, dijo Sergio Isaza, presidente de FMC.
GOBIERNO DETECTÓ 22 MIL RECLAMACIONES DE TIERRAS CON LÍOS
Se adelantan las investigaciones para determinar su anulación.
El Gobierno Nacional descubrió 22 mil reclamaciones de tierras que tienen problemas de distinta índole. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que en esos casos se han iniciado las investigaciones.
De acuerdo al resultado de la indagación administrativa, se determinará si es necesaria la anulación definitiva de la reclamación.
Además, cuando se descubre que ha habido dolo o mala fe por parte de quien reclama, se compulsan las copias del caso a la Fiscalía para que establezca las responsabilidades penales.
"Los colombianos no veríamos con buenos ojos que se permitiera un fraude a semejante proyecto", aseguró el ministro.
El Gobierno descubrió que hay gente que quiere recibir una reparación a la cual no tiene derecho. "Para esos casos se están adaptando las medidas que corresponde", sostuvo.
A su turno, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que al menos un año tardará el proceso de revisión de todas las tierras que fueron despojadas a los campesino del país.
Según él, ese proceso es dispendioso y sólo a partir de mediados de 2013 iniciará la reparación y restitución en firme.
EXISTE UNA REEDICIÓN DEL DELITO DE OPINIÓN": PROCURADOR
Alejandro Ordóñez les sale al paso a quienes han criticado sus fallos y asegura que nunca ha tomado una decisión por fuera de la Constitución y la ley.
Mucho debate ha causado la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de buscar ser reelegido. Por eso rompió su silencio y reveló sus razones, al tiempo que negó actuar en sus decisiones judiciales por sus convicciones religiosas. Acusa de intolerantes a los librepensadores.
Sobre las primeras acciones del alcalde Gustavo Petro prefiere guardar silencio y considera que la actuación de Luis Carlos Restrepo es un escándalo. Defiende su amistad con los congresistas, sus electores, y su decisión de archivar la investigación a Juan Manuel Corzo.
¿Por qué decide lanzarse a la reelección?
Hay varios aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. Subjetivo, que estoy contento, me gusta, tengo vocación por lo público, y la mejor manera de satisfacer esa vocación es ejercer la función pública. Segundo, creo que se ha hecho una gestión, se han desarrollado metas relacionadas con la lucha contra la corrupción y se han obtenido logros. Eso debe continuar y aunque otra persona podría hacerlo, lo ideal es que la Procuraduría continúe con ese mismo talante. La lucha contra la corrupción no da espera y se requiere tener la decisión política, el carácter y la autoridad que se han tenido en esta administración.
¿Qué le hace pensar que el presidente lo va a ternar?
Primero hay que esperar, porque no sabemos si el marco constitucional es el que está rigiendo, y si son las cortes y el presidente los que deben ternar, o si es el que está plasmado en la reforma y será solamente el presidente. Yo simplemente manifiesto mi aspiración y las razones. Si el presidente o las cortes están de acuerdo con la gestión, me ternarán.
¿Qué le dijo el presidente de su intención?
Hay un marco de prudencia que no puedo violar, un sigilo que no dejaré de mantener, pero lo hago sin tener certezas de nada. En esta actividad pública uno no puede actuar con certezas.
¿Qué les dice a aquellos que no comparten su credo, que lo ven utilizar vías jurídicas como en el caso contra el fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto?
Eso no es cierto. He retado a todos los que hacen esa afirmación, que me muestren una sola decisión de la Procuraduría, un solo concepto que no haya sido fundado en la Constitución, en la ley y en las decisiones judiciales.
Usted presentó ante la Corte un recurso en el tema del aborto, no estuvo de acuerdo con la OMS en el tema de la pastilla del día después y ha hecho pronunciamientos públicos en el tema de la homosexualidad…
Claro, pero ninguna de esas afirmaciones contradice la Constitución. Cuando he tenido que actuar en el escenario judicial utilizo los recursos cuando son menester, expreso mi concepto fundado en la Constitución y en la ley. Defiendo la vida fundado no en el evangelio ni en una encíclica. Aquí hay una gran dosis de sectarismo y de intolerancia, porque no critican al procurador por lo que hace, sino por lo que piensa; es una especie de reedición del delito de opinión. Le cuento una anécdota, el día antes de mi elección como procurador me reuní con el Polo Democrático, siete de los diez senadores asistieron al Hotel de la Ópera, y el vocero fue el doctor Gustavo Petro. Me dijo que tenían algunas preocupaciones y me planteó este mismo tema, que yo utilizaba la función pública para imponer.
¿No sería al contrario, que es usted quien reedita el delito de opinión en quienes expresan pensamientos distintos al suyo?
En el fondo hay un juicio de valor, es creer que la gestión se hace utilizando la función con criterio y carácter diferente al jurídico.
¿No está el procurador contra una sentencia de la Corte al expresar públicamente su desacuerdo con el aval al aborto en tres casos excepcionales?
Usted está poniendo en boca mía algo que yo no he dicho; a mí me da mucha pena con usted, pero ahí hay una agenda ideológica de la cual yo no me he dejado asustar.
¿Comparte usted ese fallo de la Corte?
La Procuraduría ha intervenido en los escenarios judiciales interponiendo los recursos en defensa de la Constitución y la vida. Pero también es cierto que se han desbordado los límites jurídicos que la misma jurisprudencia ha puesto. ¿Qué hago si la misma Constitución establece y señala la objeción de conciencia? Ese es otro derecho fundamental.
¿Hasta dónde van sus aspiraciones?
Hasta la reelección. Tengo vocación por lo público y por eso quiero ser reelegido. Si no sucede, seguiré circundando la vida pública.
¿Y eso incluye aspirar a la Presidencia?
Cada día trae su afán. Hoy quiero ser procurador y seguir combatiendo la corrupción, pero una vez termine mi período me dedicaré exclusivamente a la contemplación. Como decía San Antonio María Claret, a Dios rogando y con el mazo dando. Seguiré prestándole servicios al país donde corresponda.
Autopistas de la montaña, ¿cuál es la historia en ese tema?
La Procuraduría delegada para la función pública hizo los acompañamientos y consideró que había inconsistencias de carácter jurídico y lo plasmó en un documento que no es definitivo. Esa información me la envían a mí, a la autoridad disciplinaria, porque tratándose de unos aforados soy yo quien investigo.
¿Por qué termina radicado si no era definitivo?
Me lo envían y luego de revisarlo considero que no es satisfactorio y lo remito nuevamente al funcionario preventivo para que continúe con la información. Eso fue lo que pasó, no hay decisión de ningún orden.
¿Entonces por qué queda radicado?
Una vez envío el documento, la función pública debe también oficiar —y entiendo que ya se hizo— a las autoridades que tienen el documento para informar que no es definitivo y no ha terminado la gestión preventiva de la Procuraduría.
¿Por qué la Procuraduría decide sancionar a Bernardo Moreno y teniendo iguales elementos no hace lo mismo con César Mauricio Velásquez?
¿Cómo que no? Si ya la hubo.
Pero con absolución…
Claro, porque los elementos probatorios no eran suficientes; pero si hay nuevos elementos, habrá nueva investigación. Ese es otro de los tufillos. Dicen que no investigo a César Mauricio porque tiene convicciones similares a las mías. ¡Por Dios!
¿Las recientes declaraciones de alias ‘Don Berna’ pueden derivar en que se investigue nuevamente a Velásquez?
Si hay pruebas, entonces se hará algo. Para mí no es terreno árido la presión política y mediática y lo he demostrado lo suficiente.
¿Cuáles fueron los argumentos para pedir la absolución de Javier Cáceres en el proceso por parapolítica?
Consideramos que había duda respecto a su responsabilidad y por eso pedimos la absolución, así como se ha pedido la condena de muchos parapolíticos que he sancionado plenamente.
¿Estaría dispuesto a servir de puente entre el Gobierno y las cortes para volver a recuperar el espacio de diálogo entre ellos?
Ni yo ni el Gobierno ni las cortes se pueden sustraer de generar un ambiente de colaboración para diseñar instrumentos constitucionales que puedan contrarrestar las deficiencias de la administración de justicia. Creo que con el actual estado de la reforma, después de las modificaciones que hiciera la comisión de conciliación, podría ser ocasión para que se sentaran y reflexionaran sobre esos temas y creo que más temprano que tarde a eso se va a llegar. Es imposible que haya un acuerdo total, porque ahí el Congreso interviene y no basta con que el Gobierno y las cortes lleguen a un acuerdo concertado.
¿Cómo avanza la investigación en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Estamos en etapa de investigación y ya agotamos la etapa de indagación recaudando pruebas. Como en todos los procesos, tenemos que ir al ritmo de la Fiscalía y de la Corte, porque mientras no se descubran las pruebas no tenemos la posibilidad de acceder. Sin embargo, tenemos una autonomía en la actividad probatoria y la estamos ejerciendo.
¿Cómo fue ese episodio de Édgar Villamizar, uno de los testigos claves en el caso del Palacio de Justicia?
Pidió una cita a través de Ricardo Puentes, de Periodistas Sin Fronteras, quien me cuenta la historia y me dice que Villamizar teme por su vida, que está escondido y quiere protección. Lo recibo con otros funcionarios para escuchar su relato, que fue documentado. Yo le digo: “mire, no tengo programa de protección porque eso no me corresponde a mí sino a la Fiscalía y al Ministerio del Interior; yo puedo entonces gestionar”. Me dijo que con la Fiscalía no quería nada y por eso decidí hacer la gestión ante el Ministerio del Interior. Hablé con el presidente y le planteé el caso. Ese mismo día me pidió audiencia el ministro del Interior y después de reunirme con él me dijeron “listo, le damos protección”. El asunto quedó en manos de la autoridad pública a la que le corresponde la protección.
¿Qué les responde a quienes opinan que ha pedido la absolución para los congresistas porque son sus electores?
Que se tomen el tiempo de leer mis decisiones. Las interpretaciones políticas se las dejo a ellos. He tomado más de 15 decisiones en contra de congresistas sin distingo de partidos y lo seguiré haciendo. En los procesos por parapolítica hemos emitido conceptos pidiendo condena en un 65% de los casos y absolución en un 35%; si lo acogen o no, es cuestión del juez. Mis opositores tienen nueve meses para hacer control sobre lo que hago, pero también saben que le hablo al país claro y con resultados.
La contralora dijo que Aerocivil compró radares por US$15 millones y no sirven, hay operación tortuga de los controladores aéreos . ¿Su despacho ha tomado decisiones al respecto?
Hemos encontrado escasez de recurso humano bien entrenado para atender la demanda de servicios frente al crecimiento del tráfico aéreo; el cumplimiento estricto de sus descansos; y la estructura administrativa de la Aerocivil es muy limitada. Es necesario darle una reingeniería a la Aerocivil, porque de las condiciones laborales de los aviadores civiles y los controladores aéreos depende, en gran medida, la seguridad aérea y la integridad de millones de usuarios.
¿La administración de Gustavo Petro, hasta el momento, le plantea alguna preocupación a la Procuraduría?
(El procurador se sonríe y se queda pensando, y dice: “póngalo así”).
Sobre el caso Luis Carlos Restrepo
¿Qué opina de la decisión del excomisionado Luis Carlos Restrepo de irse del país y no asistir a la imputación de cargos en su contra?
Que es una rebeldía frente a la justicia, es un error gigantesco. Él debe poner la cara, enfrentar el proceso, defenderse; si es inocente, demostrar la inocencia. Esa actitud le hace perder credibilidad a sus razones, que es un escándalo. Otra cosa es mi opinión frente al proceso que se le está llevando: si existen o no pruebas; eso es otro problema.
¿Y no lo comparte? ¿Cómo va el proceso disciplinario contra Restrepo en la Procuraduría?
Ya di instrucciones respecto al tema, incluso ya hay un proceso disciplinario. La investigación de la Procuraduría empezó hace siete meses, entonces cuento con suficientes elementos para tener un criterio jurídico.
‘Soy amigo de Corzo y de otros cien congresistas’
¿Cuál es su relación con Juan Manuel Corzo? ¿Se le archivó la investigación?
Sí, se archivó. Absolveré a quien tenga que absolver y condenaré a quien tenga que condenar.
¿Usted es amigo personal de Corzo?
Soy amigo de por lo menos cien congresistas.
¿No fue usted abogado de Corzo? ¿Hay algún vínculo laboral?
No, no, por Dios santo. Eso es parte de mis asesores de imagen. Le cuento la historia: primero, yo soy amigo (en Norte de Santander), del senador Juancho Cristo, del senador Corzo y de varios senadores: Mora Jaramillo, Clavijo, Barriga... ¿Cuándo los conocí? En la misma época a todos: en tiempos de mi campaña a la Procuraduría. Ni antes ni después. Yo fui abogado de una empresa de servicios públicos de Villa del Rosario y, si mal no estoy, interpuse una tutela por un conflicto que había entre el municipio y esa empresa.
¿Y Corzo qué tiene que ver ahí?
El hermano del doctor Corzo era abogado de la empresa.
PETRO FIRMÓ EN ECUADOR ACUERDO PARA ATENCIÓN A DISCAPACITADOS
El gobierno ecuatoriano enviará expertos en temas de prevención, atención y rehabilitación.
Los discapacitados tienen pocas posibilidades en el transporte público.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la Vicepresidencia de Ecuador firmaron el lunes en Quito un acuerdo de cooperación para reproducir en la capital colombiana un programa de atención a los discapacitados, constató la AFP.
El acuerdo se enmarca en un memorando de entendimiento firmado por Moreno y su homólogo colombiano, Angelino Garzón, en agosto pasado, y prevé asesoría para implementar en Bogotá brigadas de ayuda a personas con discapacidad.
En una primera acción, el gobierno ecuatoriano enviará a la capital colombiana tres grupos de trabajo para que compartan su experiencia en temas de prevención, atención y rehabilitación, según el convenio.
Petro suscribió el convenio con el secretario general de la Vicepresidencia, Armando Cazar, ante la ausencia del titular de ese despacho, Lenín Moreno, quien viajó a Uruguay a exponer los alcances de la Misión Manuela Espejo para los discapacitados, una de las políticas sociales más destacadas del presidente Rafael Correa.
Petro elogió el programa ecuatoriano y dijo que intentará aplicarlo en Bogotá -de casi ocho millones de habitantes-, pese a la crisis del modelo de salud que según él impera en Colombia.
"Aún así, en un modelo que está destruyendo, que está colapsando, haciendo agua, vamos a ver cómo se implementa un proyecto como la Misión Solidaria Manuela Espejo en Bogotá", dijo el alcalde en un acto en el que conoció detalles del plan.
El funcionario destacó el enfoque del programa en salud preventiva, señalando que para el Estado es más eficiente en términos presupuestales.
"Es un modelo eficaz y por tanto nos gustaría llevarlo a un país y a una ciudad cuyo modelo de salud no contempla exactamente la prevención, sino que ha dejado a las fuerzas del mercado, con operadores privados mayoritariamente, el cuidado de sus ciudadanos en temas de salud, incluida la preventiva.
En el marco de la misión Manuela Espejo, Ecuador -de 14,3 millones de habitantes- ha realizado un diagnóstico para el diseño de planes sobre prevención y atención prioritaria y preferente a favor de unas 294.000 personas con discapacidad.
Este programa se complementa con medidas como la obligatoriedad para los empresarios de contratar a discapacitados y el pago, por parte del gobierno socialista, de un subsidio mensual (equivalente a un salario básico de 292 dólares) por el cuidado de personas con limitaciones severas.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
Antonio Navarro Wolff, frente a quienes lo sindican de haber participado en el holocausto del Palacio de Justicia, ha dicho reiteradamente que él se hallaba en Cuba cuando se produjeron los hechos.
Precisamente durante su estadía en la isla, el exgobernador de Nariño y hoy secretario de Gobierno de Bogotá fue pieza fundamental en un juicio que se realizó entonces y que Fidel Castro cuenta en detalle en un largo reportaje que le hizo el director en París del Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet (Biografía a dos voces).
En junio de 1989 fue detenido el general de división Arnaldo Ochoa, “héroe de la República de Cuba”, veterano de Sierra Maestra y quien había participado en las guerrillas de Nicaragua y Etiopía. Él, junto con otros altos oficiales del Ministerio del Interior, fue acusado de corrupción y narcotráfico. El Consejo de Estado confirmó sus condenas y ordenó el fusilamiento de Ochoa, el coronel Tony de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Armando Padrón y otros más fueron privados de su libertad (sobre este juicio se ocupó ayer en este mismo diario Santiago Montenegro).
El mismo Fidel Castro relata que, iniciada la investigación, solicitó que se buscara a Navarro Wolff para establecer qué información tenía sobre los hechos denunciados, a lo cual el exguerrillero respondió que “había rumores en Colombia de que gente de Pablo Escobar tenía contacto con Tony de la Guardia, jefe de esa empresa (en Cuba)”.
El testimonio fue definitivo en el juicio y según el mismo Castro les pagaban a los cubanos mil dólares por cada kilogramo de droga. La avioneta llegaba de Colombia, aterrizaba en Varadero y entregaban la droga a algunos barcos que supuestamente traían mercancía que cambiaban por tabaco. Esta versión fue refutada por Norberto Fuentes, cubano, exiliado en EE.UU., nada recomendable ni como persona ni como escritor.
Quién se iba a imaginar que Navarro Wolff estuviera en Cuba defendiendo la democracia, maestro.
PROCURANDO LA REELECCIÓN
Por: Rodrigo Uprimny
Incluso si Alejandro Ordóñez fuera el mejor procurador que pudiéramos tener, de todos modos su reelección sería inconveniente para el Estado de derecho.
Ordóñez no es el procurador ideal pues muchas de sus actuaciones son cuestionables. Ha ejercido selectivamente su potestad disciplinaria y ha roto la separación entre Iglesia y Estado, lo cual es grave, pues ha llevado la religión a la política. Y como dijo memorablemente Camus, “la política no puede ser religión o entonces se torna inquisición”.
Pero no es esencialmente por eso que la reelección de Ordóñez es perjudicial. La razón es más institucional y general: la reelección de cualquier jefe de un organismo de control, como la Procuraduría, la Defensoría o la Contraloría, es negativa, pues erosiona la propia función de control, por cuanto estos funcionarios son elegidos por otros funcionarios, que los primeros deben controlar. Por ejemplo, el procurador Ordóñez le ha pedido al presidente Santos que lo terne, para que luego lo reelija el Senado. Pero el procurador debe controlar y eventualmente sancionar a los funcionarios del Gobierno y a los congresistas. ¿Cómo no sospechar que, al estar en campaña, el procurador va a ejercer esas funciones de control y sanción en forma selectiva, a fin de obtener los voticos y apoyos que necesita para su reelección?
Algunos podrán objetar que lo mismo podría decirse de la elección inicial del procurador, pues durante su campaña tuvo que buscar apoyos de los congresistas, a quienes debería controlar ulteriormente. Eso es cierto y el propio Ordóñez recomendó que se quitara al procurador la facultad de investigar a los congresistas para evitar esos intercambios de favores. Pero no deberíamos agravar el defecto del actual sistema de nombramiento del procurador instaurando la costumbre de su reelección.
Además, la elección inicial del procurador está fundada en la idea de que éste va a asumir eso que Robert Badinter llamó el “deber de ingratitud” hacia quienes lo nombraron, como atributo de la imparcialidad que debe tener un buen juez constitucional o un jefe honesto de un organismo de control. Es la idea de que, a pesar de su elección política, estos funcionarios, una vez nombrados, son independientes y pueden y deben ser imparciales en la defensa del Estado de derecho, por lo que pueden tomar decisiones contrarias a los intereses de quienes los eligieron, precisamente porque nunca buscarán su reelección. Pero si un procurador pretende su reelección, es obvio que le queda imposible ejercer cualquier deber de ingratitud pues debe congraciarse nuevamente con sus nominadores.
La legitimidad de los organismos de control, como la de los jueces, depende no sólo de que sean imparciales sino también de que aparezcan imparciales. Pero un procurador que pretende ser reelegido y busca los apoyos de aquellos funcionarios que debe controlar pierde, en el mejor de los casos, toda apariencia de imparcialidad. Su reelección compromete su legitimidad, incluso si el funcionario fuera tan probo que realmente siguiera ejerciendo sus labores en forma imparcial, por la sencilla razón de que la búsqueda de la reelección genera ineludibles sospechas sobre las motivaciones reales de sus actuaciones.
Es cierto que la Constitución permite la reelección del procurador pero ésta es inconveniente. Edgardo Maya y Volmar Pérez, al buscar su reelección en la Procuraduría y la Defensoría, respectivamente, sentaron entonces un funesto precedente, que debería ser abandonado. Si realmente tomara en serio su labor como procurador, Alejandro Ordóñez no estaría buscando su reelección. Y si respeta la independencia de los organismos de control, el presidente Santos no debería siquiera pensar en ternarlo.
EL NUEVO SIGLO
PIDEN INVESTIGAR ASESINATOS DE DESPLAZADOS
A la Fiscalía pidió la comisión de seguimiento a la situación de desplazamiento de la Corte Constitucional esclarecer el asesinato de 7.400 desplazados entre 2008 y 2011.
Esta solicitud fue hecha por el presidente de dicha comisión, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, durante la audiencia de corte de cuentas de varios ministros del Gobierno en la atención integral a los desplazados.
Según el magistrado, “siete mil asesinatos de desplazados tiene que tener una respuesta de parte del organismo de investigación que tiene el país”.
REVISTA SEMANA
DEMANDA CONTRA VIVIAN MORALES PODRÍA SER REVISADA POR 27 Y NO POR TRES MAGISTRADOS
La fiscal Viviane Morales espera la decisión del Consejo de Estado.
Desde que se presentó la demanda por perdida de investidura contra la fiscal general, Viviane Morales, se ha avanzado poco. Esta semana podría haber un cambio sustancial.
La complejidad de la demanda que cursa en el Consejo de Estado contra la fiscal, Viviane Morales, la cual busca declarar nula su investidura, podría en los próximos días tener un cambio de rumbo importante si se aprueba que la sala plena de esa corporación estudie el caso. Para los magistrados este es un verdadero “reto jurídico” que merece un amplio análisis.
Así lo entiende el propio presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien asegura que desde hace días se busca resolver si por la complejidad de la demanda es necesario el análisis de todos los magistrados y no solo de la Sala Quinta encargada de los temas electorales.
Lo cierto es que de aprobarse que sea la sala plena estudie el tema se tendría que esperar a que se evacuen otras peticiones entre ellas, la demanda por el tercer canal que también estudian la totalidad de magistrados del Consejo de Estado.
El presidente de esa corporación confirmó a Semana.com que ya hay un proyecto de fallo, pero que esperan evacuar otro temas que tiene represados desde hace meses y que ese fue el acuerdo al llegar a la presidencia.
“Tenemos inquietudes al interior para validar si es conveniente que ese fallo quede en manos de la Sección Quinta o vaya para la sala plena”, resalta Gómez.
Se espera que en los próximos días uno de los magistrados pida que el tema lo estudien todos los altos juristas y no solo tres. La pregunta es quién será el que lance esa propuesta.
Desde que el Consejo de Estado admitió el estudio de la petición, en marzo de 2011, se ha avanzado poco y por ahora solo hay el ya mencionado un proyecto de fallo.
Demanda
El demandante de la elección de la terna Ferleny Espinosa, argumenta que cuando el presidente Juan Manuel Santos envió la terna esta no contaba con la firma del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Además que no se contó con la votación necesaria en la Corte Suprema violando el reglamento interno. Lo que para él constituye un grave error.
Para algunos este podría ser una tema sin importancia, lo cierto es que el otros consideran que hay mucho en juego. Entre otras razones por la interinidad que hubo tras la salida del hoy exfiscal Mario Iguarán y el posterior traumatismo en la elección del jefe del ente acusador.
El exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán consideran que una demanda de tal envergadura debe estar acorde con lo que se pretende que es la perdida de la investidura. “Se presume que el nombramiento fue legal y el que vaya a combatir tiene que aducir pruebas de tal fuerza que logren destruir esa presunción”, considera Beltrán.
Para algunos es necesario que el Consejo de Estado resuelva de manera pronta esta demanda ya que está mucho en juego.